Bajo sospecha tres contratos en Doñana por medio millón en la etapa de la socialista Susana Díaz

Un funcionario de la Junta de Andalucía, Jaime González, ha denunciado ante los juzgados que entre los años 2014 a 2019 le daban «a informar pliegos de contratación en los que yo observaba groseras irregularidades y las dejé por escrito en ejercicio de mis funciones y en virtud de la solicitud de informe que me hacían mis superiores jerárquicos» sobre contratos adjudicados en el parque nacional de Doñana. Se trata de tres contratos por algo más de medio millón de euros que se licitaron mientras Susana Díaz presidía la Junta de Andalucía. El denunciante, técnico de la Administración General (TAG) de carrera y que prestó servicio durante esos años en el Servicio de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT), explica en su denuncia que «en el servicio de contratación de la CMAyOT no eran escrupulosos con las licitaciones» y que los expedientes «venían con nombres y apellidos».

González es un viejo conocido de la Justicia andaluza, porque una denuncia suya de 2017 destapó el caso del cártel del fuego que terminó imputando a un alto cargo y cinco funcionarios de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El caso saltó a la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, que determinó que los acuerdos del denominado Grupo 6, las seis empresas de extinción de incendios investigadas por acordar el reparto de todo el territorio nacional habrían ganado unos 151 millones de euros.

Esta nueva denuncia sobre Doñana fue presentada en los juzgados sevillanos el 20 de marzo de 2023 y en la misma el denunciante asegura que: «Dejé las irregularidades por escrito, se la mandé a mi superior jerárquico, D. Antonio M.L., jefe de servicio de contratación y ya nada más supe» y «no observé nunca que tratara de corregir una irregularidad de pliego en los 5 años que estuve con él». González asegura en su denuncia que informó de las supuestas irregularidades «tanto en la Secretaría General Técnica, como al viceconsejero, como al consejero, porque yo me encargué en muchos escritos que les dirigí de avisarles de lo que estaba pasando».

Los expedientes denunciados por el funcionario andaluz son los denominados Acción C4 LIFE 10-NAT-ES 000570 IBERLINCE, el segundo contrato era de Transporte Fluvial Sanlúcar de Barrameda-Doñana del personal y vehículos del Espacio Natural de Doñana, el tercero fue llamado Mantenimiento Instalaciones Doñana. Todos estos expedientes fueron financiados con fondos europeos. El primero se adjudicó el 14 de febrero de 2017 por valor de 249.681,66 euros a la empresa Aplicaciones Forestales de Extremadura SL.

El segundo contrato se adjudicó por 103.316,75 euros el 1 de marzo de 2018 a un empresario llamado Cristobal A.L., el tercero costó 170.227,52 euros a la Junta de Andalucía y fue adjudicado el 1 de agosto de 2018 a una empresa de servicios. La suma de cantidades puede no resultar algo llamativo, pero el funcionario, que fue suspendido y apartado del servicio por la Junta tras el caso cártel del fuego asegura en su denuncia que «en la prensa sobre el asunto del CSIC se ha dicho que los dirigentes de la Estación Biológica presuntamente contrataban a empresas de familiares y amigos, inflaban los precios, hacían recepciones de servicios y obras fraudulentas, recibían cohechos, regalos… Estas mismas irregularidades pueden ocurrir en los contratos de la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos que afectan a los espacios de la Junta de Andalucía con las deficiencias que yo detecté en su momento según mi pericia técnica», es decir, que las mismas irregularidades podrían haberse producido en más ocasiones.

De hecho, el mismo denunciante hace referencia a un cuarto contrato adjudicado en 2021, que sigue la misma dinámica de anteriores expedientes, pero otorgado al mismo empresario particular que el de 2018 por 141.493 euros para realizar el «Transporte Fluvial PN y Sector Sur del PN en el Espacio N. Doñana» y que también el funcionario ha aportado a la Justicia.

Entre las deficiencias que en su momento recogió para no aceptar los pliegos el denunciante pone que, por ejemplo, en el expediente «de mantenimiento de las instalaciones se introduce el mantenimiento de una vivienda que se dice que es parte de la guardería del Espacio Natural, pero que está en el municipio de Brenes, es decir, en dirección a Extremadura, a 90 Km de Almonte». Sobre el contrato adjudicado por las obras llamadas Acción C4 del proyecto Life el informe recogía que «no se ha remitido ni la memoria justificativa del expediente ni el pliego de prescripciones técnicas particulares (…)» o «en cuanto al código cpv no podemos pronunciarnos correctamente sobre él sin el estudio del Pliego de Prescripciones (…) pero es muy posible que (…) no se corresponda con un contrato de obras, sino uno de servicios».

La denuncia, presentada por el funcionario el 2o de marzo de 2023, añade que «ya que se ha destapado lo del CSIC pudiera ser de utilidad conocer lo que pasaba en los espacios de competencia de la Junta de Andalucía, por ser conexos físicamente con los otros, y es muy probable incluso que hayan intervenido las mismas empresas en unos y otros por su especial aislamiento, y haya un mismo modus operandi, como yo barrunto desde mis informes oficiales».

Jaime González adjuntó en su denuncia cuatro expedientes sobre los que informó de irregularidades a su jefe de entonces. En conversación con OKDIARIO González asegura que «el problema más grave era que querían a toda costa que firmase como TAG y que fuera a la mesa de contratación, pero yo me negué porque habría tenido responsabilidad penal, así que en 2019 concursé para un nuevo destino y me fui de allí». También acudió a la Oficina Antifraude de Andalucía para aportar una copia de la denuncia el 31 de marzo de 2023.